El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, anunció este martes que la presidenta Delcy Rodríguez decidió levantar la suspensión temporal del uso de drones impuesta en 2025. La medida responde, afirmó el funcionario, a las solicitudes de los productores agrícolas.
En un hilo publicado en su cuenta de X (@vladimirpadrino), Padrino explicó que la decisión “marca un paso clave para la modernización del campo”, al permitir retomar con mayor eficiencia labores como la fertilización, el riego y el monitoreo de cultivos. Invitó a los operadores a gestionar permisos ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), contar con certificado, seguro y capacitación, y aseguró que las autoridades velarán por el uso responsable de estos equipos “para seguir impulsando la producción de alimentos bajo los estatutos legales”.
Antecedentes de la suspensión
La restricción se originó el 18 de agosto de 2025, cuando el gobierno de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.927 una resolución conjunta de los ministerios de Interior, Justicia y Paz; Defensa; Transporte; y Economía y Finanzas. La norma prohibió en todo el territorio nacional la operación, circulación, compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento y registro de aeronaves pilotadas a distancia (RPA o drones), incluidas las remotamente pilotadas, no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes.
La medida tuvo una vigencia inicial de 30 días prorrogables y exceptuó únicamente a los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado. Se justificó por razones de seguridad nacional en un contexto de tensiones con Estados Unidos. El INAC quedó a cargo de su cumplimiento.
Aunque se planteó como temporal, la prohibición se mantuvo vigente más de un año y afectó a sectores civiles, entre ellos el agropecuario. En marzo de 2026, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (SVIAA) solicitó públicamente al INAC levantar o flexibilizar la restricción para el trabajo de campo, argumentando que “la actividad del agro no se puede detener porque se trata de la seguridad alimentaria”.
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13 de octubre de 2026
